Nuestro sistema de justicia penal está fallando en mantener seguras a las comunidades y fracasando en impartir justicia. Los Estados Unidos es la tierra de la libertad y, sin embargo, hay más personas tras las rejas, per cápita, que en cualquier otro lugar del mundo. En vez de realizar inversiones basadas en evidencia en la educación, los trabajos, el cuidado de la salud y la vivienda que han demostrado mantener seguras a las comunidades y prevenir que ocurra el crimen en primer lugar, nuestro sistema ha criminalizado la pobreza, creado vigilancia policial excesiva y desatendido comunidades afroamericanas y latinas, y recortado servicios públicos. En vez de ofrecer a los encarcelados la oportunidad de cambiar sus vidas, nuestras cárceles están superpobladas y continúan dependiendo de métodos inhumanos de castigo. En lugar de tratar a los que han cumplido su condena como ciudadanos completos al regresar a la sociedad, demasiadas de nuestras leyes continúan castigando a los anteriormente encarcelados, creando barreras a la vivienda, el empleo y los derechos de voto para millones de personas.

Los demócratas creemos que necesitamos reformar el sistema de justicia penal por completo. La brutalidad policial es una mancha en el alma de nuestra nación. Es inaceptable que millones de personas en nuestro país tengan buenas razones para temer que puedan perder la vida en una parada de tráfico rutinaria, o mientras están parados en la esquina de una calle o mientras juegan con un juguete en un parque público. Es inaceptable que los padres afroamericanos tengan discusiones difíciles con sus hijos desde temprana edad para tratar de protegerlos de los mismos agentes de la policía que se supone deben jurar protegerlos y servirlos. Es inaceptable que más de 1,000 personas, una cuarta parte de ellas afroamericanos, hayan sido asesinadas por la policía cada año desde 2015. Los demócratas también reconocemos que con demasiada frecuencia, los recortes sistemáticos a los servicios públicos han dejado a los agentes de policía en la primera línea de respuesta a los problemas sociales para los que no han sido capacitados, desde la incidencia hasta las crisis de salud mental y la epidemia de opioides. Podemos y debemos de hacer un mejor trabajo para nuestras comunidades.

Los demócratas sabemos que podemos poner fin a la era del encarcelamiento masivo y reducir drásticamente el número de detenidos en cárceles y prisiones mientras seguimos reduciendo las tasas de delincuencia, que han caído constantemente desde su pico hace casi tres décadas. Este es el momento de erradicar el racismo estructural y sistémico en nuestro sistema de justicia penal y nuestra sociedad, y reimaginar la seguridad pública en beneficio de nuestra gente y el carácter de nuestro país.

Debemos comenzar por evitar que las personas ingresen al sistema de justicia penal en primer lugar. Los demócratas creemos que debemos romper el camino de la escuela a la prisión que con demasiada frecuencia depende de los arrestos y la aplicación de la ley para manejar la mala conducta que debería ser manejada y desescalada dentro de la escuela. Apoyamos la reemisión de la guía federal del Departamento de Educación y el Departamento de Justicia para prevenir el trato disciplinario desigual de los niños de color y los niños con discapacidades en la escuela y los entornos educativos. Los demócratas creemos que todas las escuelas deberían tener fondos suficientes para contratar consejeros, trabajadores sociales, enfermeras o psicólogos escolares para ayudar a garantizar prácticas disciplinarias estudiantiles apropiadas para la edad y racialmente equitativas, en lugar de recurrir a la policía para resolver estos problemas.

Un número creciente de estados ha reconocido que es injusto—e injustificable—castigar a los niños y adolescentes con la misma dureza que a los adultos. Creemos que si no tienes la edad suficiente para beber, no tienes la edad suficiente para ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El gobierno federal incentivará a los estados para que dejen de encarcelar a niños y desarrollen alternativas comunitarias a las prisiones y centros de detención para jóvenes e invertirá en programas extracurriculares, centros comunitarios y trabajos de verano para brindar oportunidades a los jóvenes en riesgo. Y los demócratas creemos que los niños que si ingresan al sistema de justicia juvenil deberían tener una verdadera segunda oportunidad, incluyendo sellar y borrar automáticamente los registros juveniles.

Los demócratas creemos que debemos garantizar la responsabilidad real por la mala conducta individual y sistémica en nuestros departamentos de policía, evitar que las fuerzas de ley se enreden innecesariamente en la vida cotidiana de los estadounidenses y reimaginar la actividad policial para el beneficio y la seguridad del pueblo. En los últimos años, algunos departamentos de policía innovadores han promulgado reformas basadas en evidencia para cambiar sus tácticas invirtiendo en una capacitación robusta y estableciendo—y lo que es más importante, haciendo cumplir—estándares sólidos que rigen la resolución de conflictos, de-escalamientos y el uso de la fuerza. Debemos desarrollar estas tácticas basadas ​​en datos empíricos e implementarlas en todo el país.

Los demócratas estableceremos estrictas normas nacionales que regulen el uso de la fuerza, incluyendo la prohibición del uso de detención con estrangulación, o chokehold, y compresión de carótidas y permitirán la fuerza letal solo cuando sea necesario y como último recurso para prevenir una amenaza inminente a la vida. Las personas deben sentirse seguros cuando duermen en sus propios hogares. Trabajaremos para establecer estándares de “allanamientos sin-aviso”. El riesgo de errores y consecuencias no deseadas es demasiado grande. Requeriremos la aplicación inmediata de estos estándares a todas las agencias del orden público federales y condicionaremos las subvenciones federales a su ejecución a nivel estatal y local. Requeriremos capacitación de oficiales en tácticas no violentas efectivas, uso apropiado de fuerza, prejuicios implícitos e intervención de compañeros, tanto en la academia como en el trabajo. Y prohibiremos los perfiles raciales y religiosos en la aplicación de la ley.

Los demócratas apoyaremos medidas para mejorar la capacitación y la educación de jueces, funcionarios penitenciarios, fiscales, defensores públicos y agentes de la policía para garantizar que las personas transgénero y género no conforme reciban un trato justo y equitativo en el sistema de justicia penal.

Ya es hora de poner fin a la fallida “Guerra Contra las Drogas”, que ha encarcelado a millones —desproporcionadamente a afroamericanos y latinos—y no ha sido efectiva en reducir el consumo de drogas. Los demócratas apoyamos las políticas que reorientarán nuestro enfoque de seguridad pública hacia la prevención y lo alejarán de la vigilancia excesiva, incluso por medio de hacer inversiones basadas en evidencia en los trabajos, la vivienda, la educación y las artes que harán que nuestra nación sea más justa, más libre y más próspera.

Los demócratas revitalizaremos los enfoques de vigilancia comunitaria, de modo que los oficiales de ronda presten un mejor servicio a los vecindarios en los que trabajan y hagan inversiones inteligentes para incentivar a los departamentos a crear asociaciones efectivas con trabajadores sociales y consejeros de salud mental y uso de sustancias para ayudar a responder a los desafíos de salud pública. Las cámaras corporales no son una panacea, pero los demócratas creemos que pueden ayudar a mejorar la rendición de cuentas y la transparencia; apoyamos su uso continuo y tomaremos medidas para mejorar el cumplimiento, exigir su uso en grupos de trabajo mixtos de fuerzas especiales federales-locales y promulgar las mejores prácticas para proteger la privacidad personal. Los demócratas creemos que las armas de guerra no tienen cabida en nuestras calles y volveremos nuevamente a limitar la venta y transferencia de armamento militar excedente a las agencias del orden público nacionales—una política que el presidente Trump revocó inmediatamente después de asumir el cargo.

No podemos generar confianza sin responsabilizar a quienes están en el poder por sus acciones. Los demócratas revitalizaremos las investigaciones sobre los procedimientos o prácticas de mala conducta policial en el Departamento de Justicia y las fortaleceremos a través de nuevos poderes de citación (subpoena) y supervisión ampliada para abordar la mala conducta sistémica de los fiscales. Con demasiada frecuencia, la ley ha protegido a los agentes de la policía acusados ​​de atroces violaciones de los derechos civiles y humanos. Los demócratas apoyaremos la reducción del estándar de intención para enjuiciar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por violaciones de los derechos civiles. También actuaremos para garantizar que las víctimas de abusos de poder de las fuerzas del orden público federales, estatales o locales puedan buscar justicia a través de un litigio civil al controlar la doctrina de inmunidad calificada o condicionada.

El pueblo merece acceso a datos oportunos y precisos sobre las actividades respaldadas por sus impuestos, incluyendo la vigilancia policial. Recopilaremos y publicaremos datos sobre el uso de la fuerza en los departamentos de policía de todo el país para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Para aumentar la transparencia y mejorar las prácticas de contratación de las fuerzas policiales federales, estatales y locales, los demócratas también estableceremos un registro nacional de los agentes que hayan abusado de su poder.

Los demócratas también apoyamos medidas para aumentar la diversidad entre los rangos de los departamentos de policía, para que nuestras agencias del orden público se parezcan más a las comunidades a las que sirven. Y buscaremos una mayor financiación para la salud y el bienestar de los agentes en los departamentos de policía de todo el país, incluyendo los equipos de seguridad personal y los servicios de salud mental.

Los trastornos por consumo de sustancias son enfermedades, no delitos. Los demócratas creemos que nadie debería estar en prisión únicamente por consumir drogas. Los demócratas despenalizaremos el consumo de marihuana y lo recalificaremos mediante una acción ejecutiva a nivel federal. Apoyaremos la legalización de la marihuana medicinal y creemos que los estados deberían poder tomar sus propias decisiones sobre el uso recreativo. El Departamento de Justicia no debe iniciar acciones judiciales federales por conductas legales a nivel estatal. Todas las condenas penales anteriores por consumo de cannabis deben eliminarse automáticamente. Y en lugar de involucrar al sistema de justicia penal, los demócratas apoyamos un mayor uso de los tribunales de drogas, intervenciones de reducción de daños y programas alternativos de tratamiento de drogas para quienes luchan con trastornos por uso de sustancias.

La pobreza no es un crimen y no debe tratarse como tal. Los demócratas apoyamos la eliminación del uso de la fianza en efectivo y creemos que nadie debe ser encarcelado simplemente por no pagar multas o tarifas, o que se le revoquen las licencias de conducir por multas impagas o violaciones simples. La igualdad de justicia ante la ley no debe depender de la capacidad de pagar por una representación legal de calidad, por lo que apoyamos el aumento de fondos para los defensores públicos y para la Corporación de Servicios Legales.

Desde 1990, los Estados Unidos ha crecido por un tercio, el número de casos en los tribunales de distrito federal ha aumentado un 38 por ciento, las presentaciones en los tribunales de circuito federales han aumentado un 40 por ciento y los casos federales que involucran a un acusado de delito grave han aumentado un 60 por ciento, pero no hemos ampliado el poder judicial federal para reflejar esta realidad en casi 30 años. Los demócratas nos comprometemos a crear nuevos circuitos federales y de distrito de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia Judicial.

Las decisiones sobre las sentencias deben basarse en los hechos de cada caso, incluyendo la gravedad del delito y las circunstancias de las personas. Los demócratas apoyamos permitir que los jueces determinen las sentencias apropiadas, por lo que lucharemos para derogar los mínimos obligatorios federales, incentivar a los estados a hacer lo mismo y hacer que todas las reducciones de sentencias sean retroactivas para que los jueces puedan reconsiderar casos pasados ​​en los que se encontraban de manos atadas. Creemos que ya es hora de poner fin a la disparidad de sentencias federales entre el crack y la cocaína en polvo, que ha contribuido al encarcelamiento desproporcionado de personas de color. Y los demócratas seguimos apoyando la abolición de la pena de muerte.

Nuestros tribunales deben reflejar nuestro país. Los demócratas designaremos a personas para el tribunal que estén comprometidas a hacer que se haga justicia y a tratar cada caso según sus méritos. Nominaremos y confirmaremos a jueces federales que tienen diversos antecedentes y experiencias, incluso como defensores públicos, abogados de asistencia legal y abogados de derechos civiles.

Los demócratas estamos orgullosos de que la Administración Obama-Biden conmutó las condenas de más de 1,700 personas que cumplían condenas injustas tras una revisión exhaustiva de sus casos individuales, y apoyamos el uso continuo de los poderes de clemencia del presidente para asegurar la liberación de quienes cumplen condenas indebidamente largas. Denunciamos el uso inadecuado del indulto por parte del presidente Trump para ayudar a sus amigos y compinches políticos a eludir a la justicia. También apoyamos el establecimiento de una junta de clemencia independiente para garantizar un proceso apropiado y eficaz para el uso de la clemencia, especialmente para manejar el racismo sistémico y otras prioridades.

Las ganancias privadas no deben motivar la prestación de servicios públicos vitales, incluyendo el sistema de justicia penal. Los demócratas apoyamos el fin del uso de prisiones privadas y centros de detención privados, y tomaremos medidas para eliminar el que entidades privadas puedan lucrarse de programas alternativos, la fianza comercial, la monitorización electrónica, las comisarías de las prisiones y los programas de reincorporación y tratamiento. Los demócratas creemos que los presos deberían tener una oportunidad significativa para impugnar las condenas erróneas y las condiciones inconstitucionales en las cárceles. También creemos que muchas de nuestras cárceles y prisiones someten a las personas a un trato inhumano, y trabajaremos para poner fin a prácticas como el confinamiento solitario para adultos y jóvenes, prohibir el uso de medios de inmovilización en las reclusas federales embarazadas y prohibir el uso de estrangulación, o chokehold, y compresión de carótidas. A las personas encarceladas no se les debe negar el acceso a cuidado de la salud vital ni se les debe exponer innecesariamente a enfermedades, como ha sucedido durante la pandemia de COVID-19. Y los demócratas buscaremos un enfoque holístico para la rehabilitación, aumentando el apoyo a los programas que brindan oportunidades educativas, incluyendo el obtener títulos universitarios, para aquellos en el sistema de justicia penal, tanto en prisión como después de su liberación.

Los demócratas creemos en la redención. Debemos profundizar nuestro compromiso de ayudar a aquellos que han cumplido su condena a volver a ingresar a la sociedad, ganarse la vida y participar en nuestra democracia como los ciudadanos que son. Apoyamos la eliminación automática de ciertos antecedentes penales para aquellos que han sido totalmente absueltos, injustamente condenados o indultados por el presidente. Nuestro objetivo es garantizar el acceso a viviendas transitorias para los ciudadanos que están en proceso de reincorporarse a la sociedad, apoyar un acceso amplio a tratamientos de salud mental y uso de sustancias, y detendremos la práctica de re-encarcelar a personas por violaciones técnicas de la libertad provisional o la libertad condicional. Los demócratas apoyamos los esfuerzos federales y estatales para prohibir las preguntas sobre antecedentes penales en solicitudes de trabajo y facilitaremos a los ciudadanos que se reincorporen a la sociedad el acceso a oportunidades laborales a través del programa nacional de Job Corps. No se debe impedir que las personas que hayan estado encarceladas ejerzan sus derechos de voto o tengan acceso a servicios públicos, incluyendo las Becas Pell y asistencia nutricional, o cualquier otro servicio público que esté disponible para otros ciudadanos libres de los Estados Unidos. Continuar castigando a una persona después de que se ha reincorporado a la comunidad es cruel y contraproducente.